Las características de Miami, la retórica incendiaria de la Fiscalía, reproducida constantemente por los medios y las otras presiones ejercidas sobre los jurados garantizaban de antemano que los Cinco serían declarados culpables.
Pretender que allí, en ese ambiente de odio y violencia contra Cuba podrían ser juzgados con imparcialidad cinco patriotas cubanos que hasta allá habían ido para luchar contra esa mafia, era un insulto al sentido común y a la decencia. Pero esa fue la terca demanda de Washington. Un gobierno inmoral, que sabía lo que hacía, exigió que los Cinco fueran juzgados en Miami, en ninguna otra parte sino en Miami.
En Miami se publicó acerca del juicio a que los Cinco fueron sometidos. Pero en vez de actuar como informadores, casi todos los llamados “periodistas” locales, muchos de ellos pagados por el gobierno, se dedicaron a falsificar los hechos, a calumniar a los abogados defensores y a presionar abiertamente a los miembros del jurado.
Para el resto del país el que fue en su momento el juicio más largo de la historia norteamericana no atrajo ni un segundo de atención. De él no se ocupó la prensa corporativa pese a que ante el tribunal comparecieron almirantes y generales, asesores presidenciales y además, terroristas luciendo atuendos de guerra.
Nada dijeron de la insólita exposición que allí se hizo de acciones y planes violentos que se urdían y hasta se llevaban a cabo dentro del territorio norteamericano ni de la escandalosa justificación que de ellos hicieron los fiscales y la jueza.
Guardaron silencio ante las presiones y amenazas de que fueron objeto los miembros del jurado y ante sus quejas y las tímidas protestas del propio Tribunal.
A riesgo de sus vidas acopiaron información sobre los planes de los grupos terroristas anticubanos que operan en Miami con total impunidad. Y lo hicieron sin armas, sin emplear la fuerza o la violencia.
El silencio mediático tiene una explicación: el caso de los Cinco es una prueba irrefutable de que el Gobierno de Estados Unidos es culpable por promover el terrorismo contra Cuba y por defender y proteger a los terroristas.
Sólo en Miami pudo suceder algo semejante. Gerardo es quizás la única persona condenada a morir en prisión por un “crimen” que no existió, con el que no tuvo relación alguna y del cual el acusador reconoció carecer de evidencias. Esto fue la prueba más irrefutable de que en Miami era absolutamente imposible un juicio justo para nuestros Cinco compañeros.
Tampoco vaciló la Jueza, que conocía perfectamente lo anterior, para imponerle la descomunal sentencia, pedida por el gobierno, a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión. No dudó la Corte de Apelaciones, destinataria de este documento, para ratificar esa enormidad y negar a Gerardo la posibilidad de ser resentenciado en cuanto a la también falsa acusación de “espionaje” pese a reconocer explícitamente que con respecto a él hubiera correspondido hacerlo. Al negarse a revisar el caso la Corte Suprema se hizo cómplice en una iniquidad imperdonable.
En documento presentado por la Fiscalía en mayo de 2001, admitió que era imposible demostrar la culpabilidad de Gerardo Hernández Nordelo en el infame Cargo 3 – Conspiración para cometer asesinato en primer grado – y solicitó formalmente retirar la acusación originalmente formulada contra él, la que había sido eje principal del largo litigio.
Tomó al Jurado apenas unos minutos, sin pestañear, para declarar a Gerardo culpable de algo de lo que ya no era acusado. No tuvieron los jurados la menor vacilación, ninguna duda, pese a que la Fiscalía había reconocido que “a la luz de las pruebas presentadas enfrentaba un obstáculo insuperable que conduciría al fracaso de la acusación.
Los casos de Gerardo, Antonio y René ya están cerrados y sólo pudieran revisarse mediante procedimientos extraordinarios especialmente complejos y que no ofrecen motivos para el optimismo.
Hubo que luchar diez años para que la Corte de Apelaciones reconociera lo que se sabía desde el primer día, lo que la defensa no se cansó de repetir: que en este caso no hubo daño a la seguridad nacional de Estados Unidos, que nadie obtuvo, ni transmitió, ni siquiera buscó información secreta alguna. En pocas palabras, aquí no hubo nada de espionaje.
Por eso la Corte de Apelaciones declaró nulas esas sentencias y ordenó que les fueran impuestas otras. Todo lo antes dicho está aquí en este documento que es público, pero esto no importa a los instrumentos de la propaganda imperial y a los tontos que le hacen el juego.
Las nuevas sentencias dictadas contra Ramón, Antonio y Fernando son también injustas, arbitrarias e injustificables. Como las anteriores y como las que pesan sobre Gerardo y René y que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones.
El proceso de resentencias a los tres compañeros dio un fruto muy importante: el Gobierno reconoció sin rodeos que existe un amplio movimiento internacional de solidaridad con los Cinco que lo obligaba a querer mostrar flexibilidad y eso permitió eliminar las cadenas perpetuas que pesaban sobre Ramón y Antonio.
El Presidente Obama puede y debe ponerlos en libertad y tiene que hacerlo ya y sin condiciones de ningún tipo. Él debe ordenar a su Departamento de Justicia que retire los cargos que les fueron formulados a nuestros compañeros. Él sabe cómo hacerlo pues ya lo hizo en mayo del año pasado en un caso de un alto oficial condenado por espionaje.
Nuestros compañeros enfrentaron dos acusaciones fundamentales. El Cargo 2 – Conspiración para cometer espionaje –, cuya endeblez fue reconocida por la Corte de Apelaciones y el Cargo 3 – Conspiración para cometer asesinato en primer grado -, que hasta W. Bush reconoció carecer de pruebas y trató de retirarlo.
No permitir a Adriana visitar a Gerardo y a Olga reunirse con René.
El gobierno reclamó las sentencias más exageradas - en conjunto cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión - , pero insistió en que ese castigo no era suficiente. Era necesario, según la Fiscalía, asegurar que ninguno de los Cinco pudiera volver a intentar en el futuro cualquier acción contra los grupos terroristas.
La jueza accedió agregando esta insólita condena: “Como una condición especial adicional a la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a, o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas” (Lenard ibidem).
En la gran prensa el tema de los Cinco simplemente no existe.
Es en el 2005 cuando se produce el único fallo justo de todo este litigio, el Panel de la Corte de Apelaciones, unánimemente, decidió anular todo el proceso y ordenar un nuevo juicio, porque con muy buenas razones, sólidamente argumentadas en un fallo histórico, demostró que el juicio había violado la Constitución norteamericana, precisamente, por haberse realizado en Miami.
En una acción sin precedentes el Gobierno presionó a la Corte de Apelaciones para que echara atrás la determinación de sus jueces. Desde entonces la lucha legal ha continuado pero en condiciones muy difíciles y que reducen cada vez más las posibilidades de una solución por esa vía.
Muy pronto el gobierno de Obama deberá pronunciarse respecto a la petición de habeas corpus a favor de Gerardo a quien no le queda ya otro recurso en el sistema norteamericano.
No permitir, hoy, 7 de octubre de 2011, el regreso a Cuba de René González, liberado de su injusta condena
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